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El primer viaje del Papa busca recordar a la Iglesia lo escencial |
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COMUNICADO DE LA CEM
1. Esta mañana se ha publicado la noticia de que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la Ley Robles sobre el aborto en cuanto se refiere al art. 334, fracción III del Código Penal del Distrito Federal que establece que no se aplicará sanción cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada. La Ley Robles fue aprobada el 18 de agosto del 2000 por la Asamblea Legislativa del D. F. Dos partidos políticos interpusieron ante la SCJN una demanda de inconstitucionalidad en contra de dicha ley. 2. La declaración de la SCJN ha hecho la observación muy clara de que la Constitución protege al producto de la concepción como manifestación de la vida humana, independientemente del proceso biológico en que se encuentre. Por consiguiente, conforme a la declaración, el hecho de que no se castigue este tipo de aborto, no quiere decir que se esté autorizando o alentando . Estos abortos seguirán siendo delitos; quienes los cometen son responsables de un delito, simplemente no serán sancionados. 3. Por nuestra parte, nosotros no podemos más que reafirmar la enseñanza perenne de la Iglesia de que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Este es el Evangelio de la Vida que la Iglesia seguirá anunciando a todos los hombres y mujeres, invitando a todos a amar y respetar la vida de todo ser humano. El no de la Iglesia al aborto y a la eutanasia es un sí a la vida y a la bondad radical de la creación. 4. Sobre la declaración de la SCJN no tenemos más comentario que afirmar nuestro respeto a las Instituciones del Estado Mexicano y hacer un llamado a la conciencia de los legisladores y de la población en general a caer en la cuenta de que pretender la legalización del asesinato de un ser humano inocente, en determinadas circunstancias, como si se tratara de un derecho, -como es el caso-, es un hecho lamentable que sólo nos lleva a una decadencia moral. México, D. F. a 30 de enero del 2002
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