1.      La aprobación por el Congreso de la Unión de una nueva ley sobre derechos y cultura indígena ha provocado el rechazo de distintos grupos y sectores que no han quedado satisfechos y conformes con las modificaciones hechas por el Senado de la República a la iniciativa original enviada por el Sr. Presidente y conocida como “Ley Cocopa”. Las razones de este rechazo son fundamentalmente que la ley aprobada no asume aspectos sustantivos contenidos en la iniciativa presidencial y en un convenio internacional firmado por México ( (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Dicen, por lo mismo, que no cumple con el requisito exigido por el EZLN para la reanudación del diálogo con el gobierno federal ni atiende suficientemente las demandas históricas de los pueblos indígenas.

2.      Quienes aceptan la ley tal como ha sido aprobada por el Congreso consideran que los legisladores, como un poder autónomo, actuaron con  sentido de responsabilidad, buscando las coincidencias y consensos de los partidos políticos y con la intención de responder a las legítimas demandas y a los planteamientos que presentan los pueblos indígenas. Manifestaron su independencia del ejecutivo lo cual constituye ya un avance democrático. Se reconoce así que esta ley contiene avances significativos y puede contribuir al proceso de la paz en Chiapas que toda la nación espera. Las modificaciones hechas por los legisladores al texto original de la iniciativa se explicarían por la preocupación de evitar posibles consecuencias negativas.

3.      El proceso legislativo en todo caso aún no termina, pues queda pendiente todavía la aprobación o rechazo mayoritario de las legislaturas estatales. Lo prudente, por consiguiente, es esperar a que los legisladores de los estados, conscientes del impacto social que puede causar la aprobación o rechazo de la ley en el momento político que vivimos, actúen pensando en el bien de México y en asegurar una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas que garantice no solo sus derechos humanos y su cultura, sino su pleno desarrollo e integración al progreso de la nación mexicana. Los legisladores de los Estados deben asumir con responsabilidad la tarea de analizar el dictamen de reforma del congreso de la Unión y podrán en todo caso, con sus observaciones, mejorar el texto de la ley, la cual debe beneficiar a todas las etnias por igual.

4.      Las posiciones encontradas e inamovibles de quienes aceptan o rechazan la nueva ley indígena y el debate descalificatorio que nos presentan los medios, no favorece ni al fortalecimiento de nuestras instituciones ni al diálogo sereno que permita superar las diferencias ideológicas o partidistas. Las tensiones políticas y sociales que ha venido a provocar la aprobación de esta nueva ley, nos hacen ver el incipiente proceso de transición democrática que vive el país y que debemos fortalecer, so pena de poner en riesgo el clima de paz y tranquilidad que el pueblo anhela. A los Obispos nos preocupa que los intelectuales y los políticos mexicanos no alcancen a orientar la opinión pública para evitar que las pasiones se sobrepongan a un diálogo sereno. No levantemos nuevos muros de división y hostilidad que nos separen a los mexicanos, sino busquemos construir juntos un país justo, reconciliado, solidario y fraterno.

5.      Los Obispos en nuestra Carta Pastoral “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos” hemos afirmado la necesidad de “Reconocer y promover las diversas culturas que integran nuestra Nación para que nunca el poder del Estado o del mercado las vulnere, sino que las respete en su legítima soberanía. De esta manera las culturas que integran nuestra Nación podrán fungir como el subsuelo cualitativo sobre el que cada comunidad construye su futuro y se integra a la dinámica social, económica y política a escala nacional y mundial”(no. 297).

Y enseguida señalamos la conveniencia de “mejorar la manera como promovemos a las comunidades y a las culturas indígenas en el contexto de nuestra Nación, para que sin mermar la legítima autonomía que poseen, se logre una adecuada y respetuosa integración de sus aportes y riquezas particulares a través de los cambios jurídicos necesarios para tal efecto. Toda cultura y etnia son realidades dinámicas que han de desarrollarse en fidelidad a su identidad y con apertura al contexto en el que viven...”(298). Son dos las vertientes que deben tomarse en cuenta: la vertiente de conservación y respeto a la cultura propia, lengua, usos y costumbres y la vertiente de asimilación a la cultura de la Nación.

6.      Los Obispos de México invitamos al pueblo a que en éste como en otros momentos difíciles de la vida política de México, seamos sensibles a buscar la conciliación de nuestras ideas e intereses, sabiendo que la paz y la armonía en nuestra convivencia social es un bien superior para la nación. El respeto a las instituciones y a nuestras leyes es el único camino para la paz. Pedimos a Dios por intercesión de Santa María de Guadalupe que México sea conducido por sus gobernantes por caminos de progreso y de paz.

México, D. F. a 14 de mayo del 2001

POR LOS OBISPOS DE MEXICO,
CONSEJO DE PRESIDENCIA DE LA CEM: