DECLARACION SOBRE LA PROPUESTA DE LA
“NUEVA HACIENDA PUBLICA DISTRIBUTIVA”

1.      La propuesta del Ejecutivo para la Reforma Fiscal Integral (denominada “Nueva Hacienda Pública Redistributiva”), que habrá de estudiarse estos días en el Congreso, ha empezado a suscitar diferentes opiniones que exigen un gran discernimiento. Tratándose de un asunto que atañe al bien común y que afecta a la gran mayoría del pueblo, especialmente a las clases más pobres y marginadas, los Obispos de México nos sentimos en la obligación de decir una palabra desde nuestra misión de pastores. No es parte de nuestro ministerio ofrecer soluciones técnicas, pero sí tenemos el deber de hacer explícita a través de nuestra palabra, la dimensión social del evangelio” (CP “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos” 230).

2.      Reconocemos que es necesaria esta reforma orientada a distribuir el ingreso, combatir la pobreza, impulsar el desarrollo económico y abatir los rezagos. Entendemos que el Gobierno necesita generar ingresos para reducir el déficit de las finanzas públicas y financiar el gasto público. Contribuir a través del pago de impuestos es una obligación que todos tenemos si deseamos que el Estado cumpla con sus responsabilidades sociales. Apreciamos y valoramos la preocupación del actual gobierno de querer favorecer con programas compensatorios a las familias que viven en extrema pobreza y el compromiso de administrar con transparencia y honestidad los recursos, de actuar con eficacia y de rendir cuentas a toda la población

3.      Entre las medidas que se incluyen en esta reforma, la que más ha preocupado a la población es la supresión de la llamada Tasa 0, que se venía aplicando a alimentos y medicinas, lo que significa que en adelante se deberá pagar el impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % que se paga en todos los demás consumos. Es evidente que las familias de más bajos ingresos se verían afectadas,  ya que tendrían que pagar más en la compra de alimentos y medicinas. Gravar además educación y libros en un país como México con tan baja y mediocre escolaridad es contribuir a mantener el rezago cultural. En dado caso nos preocupan los efectos que pudieran darse en el sistema de educación privada.

4.      La respuesta que el gobierno está dando a este señalamiento en el sentido de que con los programas compensatorios se les va a devolver a esas familias la totalidad del impuesto que estarían pagando, más otras ayudas adicionales, parece una medida justa, aunque tal vez insuficiente, incierta y de no fácil aplicación. Nosotros hemos señalado algunos de los riesgos y limitaciones que estos programas pueden tener, como son p. e. el carácter asistencialista y paternalista de los programas en los que se entrega dinero en efectivo a las familias, la tentación de gastarlo en bebidas alcohólicas, el peligro de que los fondos no lleguen a sus verdaderos destinatarios, el que se utilicen como recursos electoreros y en todo caso que constituyen ayudas emergentes que no van a las causas estructurales de la pobreza.

5.      Por lo anterior nosotros consideramos que si de verdad queremos combatir la pobreza serán necesarias otras políticas, a corto y a largo plazo, más directamente encaminadas  a abatir las causas estructurales de la pobreza: atender más y mejor la educación, en todos los niveles, impulsar la capacitación para el trabajo, incrementar los salarios y promover proyectos productivos especialmente en las regiones más deprimidas; en todos estos rubros los empresarios tienen un gran compromiso y una grave responsabilidad de contribuir a la creación de empleos y al desarrollo económico de México (cfr. CP 376). 

6.      La promoción del desarrollo no consiste sólo en estimular el crecimiento económico o la recaudación fiscal, sino en impulsar medidas que permitan, sobre todo a los más pobres, mejorar cuantitativa y cualitativamente sus condiciones de vida. Una vida digna es derecho de todo ser humano. En México son millones las personas excluidas del desarrollo y sin posibilidades reales de ingresar a él. Quienes han detentado el poder económico y político no han logrado crear las condiciones adecuadas y suficientes para superar la pobreza. “El reclamo de los pobres viene de años y siglos atrás sin ser hasta ahora escuchado con atención y eficacia” (CP 425; cfr. nos. 306-314).

7.       Una sana política de ingresos fiscales parece también aconsejar un equilibrio en cuanto a las fuentes de esos ingresos: impuesto no sólo al consumo o a los salarios, sino también a los ingresos o renta y al capital, buscando un justo medio. Es muy necesario ampliar la base de causantes, evitando la evasión fiscal, pero también es necesario suprimir las excepciones que dejan sin gravar a los grandes capitales. Los contribuyentes por lo demás tenemos derecho de exigir la rendición de cuentas, vigilando que nuestras leyes y autoridades sancionen el eventual incumplimiento de lo que establece la ley en la materia. De nada sirve por otra parte recaudar más impuestos si éstos no se administran mejor, reduciendo gastos y optimizando recursos. Es necesaria una revisión cuidadosa del gasto que implica la actual administración pública, para que se aplique con eficacia y austeridad.

8.      Finalmente, hacemos un llamado a nuestros representantes en las dos cámaras a que se revise el problema de la deuda tanto externa como interna, que es la verdadera causa de que el gobierno carezca de fondos para el gasto público y de que el pueblo por generaciones tenga que pagar los abusos y el mal manejo de la economía durante los últimos decenios. Las recurrentes devaluaciones de nuestra moneda han sido otras tantas tributaciones que el pueblo de México ha tenido que hacer. Los rescates bancarios y carreteros son otras cargas injustas que indebidamente ha tenido que pagar el pueblo.

9.      Invitamos al pueblo de México a orar, pidiendo a  Dios que ilumine a nuestros legisladores y gobernantes, para que en este trascendental asunto decidan con acierto, buscando en primer término el bien del pueblo, especialmente el de las familias más pobres y marginadas, que esperan y necesitan nuestra solidaridad.

México, D. F. a 5 de abril del 2001

Por los Obispos de México,
Consejo de Presidencia de la CEM.