Funciones del Nuncio Apostólico

El Nuncio Apostólico es un eclesiástico, normalmente Arzobispo, llamado a ayudar al Obispo de Roma, Sucesor del Apóstol Pedro, en su tarea de "principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los Obispos como de la multitud de los fieles" (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 23), representándolo con una misión estable ante las iglesias y las Naciones de la tierra.

En cuanto Representante del Papa ante las Diócesis, el Nuncio es, ante todo, trámite de comunicación con la Iglesia de Roma "acerca de las condiciones en las que se encuentran las Iglesias particulares" (C.I.C.., can. 364.1). Él es, también, llamado a asistir a los Obispos, tanto singularmente, cuanto en el ámbito de las actividades de las Conferencias Episcopales (cf. can 364.1.2.3), no solo en aquello que concierne el ejercicio de su ministerio pastoral, sino también en las relaciones con las autoridades estatales. En vista de la promoción "de la paz, del progreso y de la cooperación entre los pueblos" (can. 364.5), el Nuncio, entre otras cosas, es llamado a empeñarse a favor del diálogo ecuménico con las demás confesiones cristianas, y de las relaciones con las otras religiones.

Al Nuncio Apostólico, en su tarea de Representante del Sumo Pontífice ante las Iglesias particulares, corresponde de manera especial "transmitir o proponer a la Sede Apostólica los nombres de los candidatos, así como instruir el proceso informativo de los que han de ser promovidos, según las normas dadas por la Sede Apostólica" (can. 364.4).

El Obispo de Roma, además, por un "derecho inherente" a su misma "misión espiritual" que ha sido "favorecido por un secular desarrollo de los advenimientos históricos", envía a sus propios Representantes a las "supremas Autoridades de los Estados en los cuales radica o de alguna manera está presente la Iglesia Católoca" (Pablo VI, Sollecitudo Omnium Ecclesiarum).

El Nuncio Apostólico, por lo tanto, hace presente al Papa también ante los Gobiernos, en la función de Representante Diplomático. En cuanto tal, su actividad se ubica dentro de los límites y garantías que la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961, estableció como ley internacional.

La finalidad de dicha actividad diplomática, que debe siempre llevarse a cabo en constante diálogo con los Obispos (can. 365 2), tiende a "promover y sostener las relaciones entre la Sede Apostólica y la Autoridad del Estado" y afrontar con dicha Autoridad todas las cuestiones que puedan surgir en la relación entre la actividad de la Iglesia en ese determinado territorio y el Estado, promoviendo también, si fuese el caso, la negociación de instrumentos de derecho internacional (Concordados y otras convenciones semejante), tendientes a promover la armonía y a resolver los eventuales problemas (cf. can. 365 1).



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