Ciudad de México, 25 de abril de 2008

Por una legislación que nos proteja a todos

En la sociedad mexicana, caracterizada por los esfuerzos en defensa de la vida y la familia, se escuchan voces en favor de la legalización del aborto en nombre de una mal entendida libertad y defensa de la mujer. La Iglesia está llamada a defender y promover los derechos de todo ser humano. De manera muy especial, los católicos debemos preocuparnos efectivamente, con justicia, amor y solidaridad, de las personas en delicadas y penosas situaciones que afectivamente podrían impulsarlas a la drástica decisión del aborto. No obstante, tampoco estos casos nos pueden hacer vacilar en la protección de quien sin culpa alguna sería llevado a la muerte.

Bajo ninguna circunstancia deben contraponerse los derechos de la mujer con el derecho de su hijo a la vida. El estado debe asegurar a todas las madres la posibilidad de criar a sus hijos en un marco de seguridad social, o permitir que puedan dar su hijo en adopción sabiendo que tendrá el amor y la atención necesarias para crecer sano, desplegando todos las potencialidades que lleva en su código genético desde el momento de la fecundación y que su madre biológica, por alguna limitación no puede brindarle. En esta línea, son muchas las iniciativas que se podrían y deberían discutir en favor de la vida del niño por nacer y de su madre, sin desproteger a ninguno. La sociedad entera debe velar porque ninguna mujer tenga la necesidad de recurrir a clínicas clandestinas en las que madre e hijo están en peligro de muerte.

Si bien aceptamos que la ley en el DF no obliga a nadie a abortar, "las leyes desempeñan un papel muy importante y a veces determinante en la promoción de una mentalidad y de unas costumbres" (Juan Pablo II, Evangelium Vitae, nº 90). Cualquier legislación en favor del aborto es una contradicción con la función propia del Estado, que debe poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, leyes y actuaciones de la sociedad. Autorizar el aborto es legitimar la violencia contra el inocente indefenso, y, por lo tanto, renunciar a defender el derecho de los más débiles, dejando de ser "Estado de Derecho" para convertirse en un Estado donde lo que vale es la “ley del más fuerte”.