Muy buenos días. Agradezco al Dr. Alejandro Alfonso Poiré Romero, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; y al Lic. Paulo Tort Ortega, Director General de Asociaciones Religiosas por la invitación cursada a la Conferencia del Episcopado Mexicano con motivo de la entrega de los nuevos registros a diferentes asociaciones religiosas.

Apreciados miembros del presídium y participantes en este evento.

Felicito a las Asociaciones Religiosas que hoy reciben su constancia de registro en la Dirección General de Asuntos Religiosos.

Así mismo quiero comenzar esta breve reflexión con una pregunta: ¿Cómo pueden las asociaciones religiosas y los gobiernos transitar juntos en proyectos comunes que beneficien a la sociedad a la cual desean servir?

Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios (cf. Mt 22, 21), esto es, entre Estado e Iglesia o, como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones; la Iglesia como expresión social de la fe cristiana, por su parte, tiene su independencia y vive su forma comunitaria basada en la fe, que el Estado debe respetar. Son dos esferas distintas, pero siempre en relación recíproca[1].

La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda la política. La Iglesia quiere servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando esto estuviera en contraste con situaciones de intereses personales.

La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar  una sociedad más justa posible. No pude ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia.

El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática. Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas organizaciones sociales y de la misma Iglesia; que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres y mujeres más necesitados de auxilio.

Por eso, ante una sociedad que clama cada vez con más fuerza por justicia, urge intensificar procesos de equidad y de inclusión social en el mercado de trabajo y en la vida pública a muy vastos sectores de excluidos y marginados. El capital humano y la calidad de vida, tan fundamentales en nuestro tiempo, dependen asimismo de la reconstrucción y promoción de la unidad familiar y el tejido social, de la elevación de todos los niveles educativos en cantidad y calidad y el respeto irrestricto a la vida.

El marco jurídico actual en el cual desarrollan las actividades las Asociaciones Religiosas no puede quedar atrapado en los contextos del momento, debemos buscar caminos para un mejor entendimiento y de este modo responder a los retos que se presentan hoy a la sociedad mexicana.

Finalmente haciéndome eco de lo que se ha venido  diciendo en las diferentes administraciones en torno a las tareas pendientes con las Asociaciones Religiosas, hago referencia a lo que el Dr. Javier Moctezuma Barragán mencionó tiempo atrás.

·         Reconocimiento de la objeción de conciencia en el sistema jurídico mexicano

·         Ayuda espiritual en centros de salud, de readaptación social y de asistencia del sector público (sin tantos requisitos como los que se tienen al momento)

·         Apertura a favor de las asociaciones religiosas para que puedan poseer medios masivos de comunicación.

·         Derogación de la necesidad de informar a la SEGOB para la transmisión de actos religiosos a través de la radio y la televisión.

·         Simplificación administrativa para la internación y regulación de la estancia en México de extranjeros, con carácter de ministros de culto y asociados de las asociaciones religiosas.

·         Desregulación administrativa en el ámbito de la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

·         Suprimir la disposición legal que limita la asistencia de las autoridades a actos religiosos de culto público.

Agradezco su atención.

P. Manuel Corral Martín

Secretario Ejecutivo

Relaciones Públicas e Institucionales de la CEM